Garantizar el Derecho a la Ciudad de todos sus habitantes por igual, debe ser el fin último de toda política urbana (nacional, regional, municipal). La ciudad es un espacio público y diverso, por lo tanto, su construcción, transformación y gestión debe asumirse colectivamente.
Hoy, “las ciudades enfrentan desafíos demográficos, medioambientales, económicos, sociales y espaciales sin precedentes. Se espera que, para 2030, siete de cada diez personas en el mundo vivan en áreas urbanas”. El 91,4% de la población de los países latinoamericanos vivirá en ciudades, seguido por Europa (90,7%) y América del Norte (90,2%), de acuerdo a lo señalado por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat).
Al aumento vertiginoso de la población urbana se suman el modelo de concentración territorial, caracterizado por una periferia estancada y un centro dinámico en crecimiento, con marcadas incompatibilidades entre sí que ha devenido en un proceso continuo de deterioro urbano y de la calidad de vida (exclusión social, desarraigo cultural, una visión atomizada e individualista, debilitamiento del vínculo social, pérdida del sentido de pertenencia y del sentimiento de comunidad, etc.); así como el daño del medioambiente y del patrimonio edificado.
Las considerables inequidades sociales y territoriales que presentan las ciudades latinoamericanas y venezolanas, son consecuencia de falta de planeación territorial y de la frecuencia con que las autoridades obvian, en el diseño de políticas públicas y programas, el conocimiento, la organización los valores, la cultura de las comunidades que habitan en los distintos espacios de la ciudad.
Ciudad gratificante y libertades ciudadanas
El derecho a la ciudad surge como propuesta del filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en 1968, frente al impacto negativo que la vorágine mercantilista tuvo en las ciudades de economía capitalista: privatización de los espacios públicos, predominio de industrias y espacios mercantiles, entre otros efectos propios de entregar las urbes a los intereses del capital por encima de sus habitantes.
Lefebvre desarrolla una propuesta política que plantea, mediante el derecho a la ciudad “rescatar el hombre como elemento principal, protagonista de la ciudad que él mismo ha construido” (1).
David Harvey, geógrafo y teórico social marxista de origen británico, profundiza en su conceptualización: “no es simplemente el derecho a lo que ya está en la ciudad, sino el derecho a transformar la ciudad en algo radicalmente distinto (…) El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de urbanización”.
Harvey incluye el derecho a la ciudad, dentro de los derechos humanos. La interrogante que plantea es el punto de partida para que los habitantes de las urbes se involucren activamente en el proceso de repensar la ciudad desde la gente y para la gente: ¿Ha contribuido el impresionante ritmo y escala de urbanización de los últimos cien años al bienestar humano?
“La cuestión de qué tipo de ciudad queremos no puede estar divorciada de la que plantea qué tipo de lazos sociales, de relaciones con la naturaleza, de estilos de vida, de tecnologías y de valores estéticos deseamos” (2).
Dimensiones del derecho a la ciudad
La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, elaborada e impulsada por un conjunto de movimientos sociales, organizaciones populares, asociaciones profesionales, entre los que destacan el Frente Continental de Organizaciones Comunales (FCOC) y la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés), ha sido un paso fundamental en la inclusión del derecho a la ciudad como derecho humano.
Entre las dimensiones y principios incorporados a dicha concepción garantista se encuentran:
- Ejercicio pleno de la ciudadanía: que la ciudad sea el ámbito de realización de todos los derechos humanos.
- Función social de la propiedad y de la ciudad: equidad distributiva y usufructo pleno por parte de todos los habitantes de los recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, privilegiando el interés común por encima del derecho individual y de los intereses especulativos del suelo urbano.
- Gobernanza y control de gestión democrático de la ciudad: elementos determinantes para la participación ciudadana en toda la gestión urbana y a través de formas directas y representativas.
- Participación democrática en el planeamiento de la ciudad y sus espacios habitables: derecho de los ciudadanos a participar directamente en la planificación y producción de los espacios en los que se desarrolla la vida cotidiana por medio de diferentes formas del urbanismo participativo y de la producción social del hábitat.
- Principio de autosuficiencia energética y de recursos naturales: manejo sustentable y responsable de los recursos naturales y energéticos en la ciudad, y su entorno de manera independiente de otras ciudades y del campo.
- Disfrute democrático de la ciudad: la ciudad como espacio abierto al intercambio, el encuentro, el ocio, la recreación y la creatividad colectiva.
Planeación participativa: derecho y deber ineludible
El desarrollo urbano integral sustentable solo es posible sí se diseña, planifica, implementa, mantiene y preserva en el tiempo con participación real y efectiva de las comunidades.
Debe sustentarse en la realidad local y ser congruente con la comunidad que habita ese territorio, respetar su conocimiento, sus formas de organización, valores y cultura; incorporar a todos los actores (ciudadanos, organizaciones populares, sociales, comunitarias, autoridades locales, técnicos y especialistas), establecer mecanismos de decisión conjunta que fortalezcan la cogestión y la corresponsabilidad.
Por otra parte, la ciudad es un sistema holístico y sus dinámicas trascienden sus cotos cerrados por lo que las soluciones a sus problemas, muchos de los cuales no se originan en su propio seno, es necesario asumirlas desde la esfera local con proyección a lo nacional y/o internacional. Se precisa vivir lo local y pensar a escala global.
Uno de los obstáculos que enfrenta el desarrollo urbano integral en la actualidad e incide negativamente en la participación real y efectiva de los ciudadanos, es la falta de continuidad que suele manifestarse con los cambios de administración gubernamental, proceso durante el cual se paralizan o transforman radicalmente los proyectos en ejecución, y se imponen nuevas directrices, echando por la borda el camino andado y ocasionando la pérdida de confianza en la colectividad, las instituciones y las autoridades.
De allí que se hace preciso asumir la planificación urbana como Política de Estado abierta al protagonismo y la participación ciudadana, bajo conceptos y prácticas desburocratizadas, y fundar una nueva institucionalidad que supere el anacronismo de las oficinas de ordenamiento territorial.
El desarrollo de las ciudades debe ser concebido en el marco de una Política Nacional de Desconcentración y Desarrollo Territorial .
Circulo virtuoso
Cada entidad urbana tiene el derecho de definir el modelo de ciudad que quiere construir, con base a su especificidad cultural, sus características morfológicas, su historia, su organización social y económica, teniendo como norte la inclusión y la justicia social para que en ella se expresen los elementos ordenadores de una nueva sociedad que garantice buen vivir para todos, un territorio de encuentro para la construcción de la vida comunal.
Al ejercer el derecho a la ciudad, los ciudadanos asumen que son actores activos de las transformaciones que suceden en el ambiente que viven y que conllevan a cambios profundos en los patrones de producción y consumo, en la ocupación, uso y ordenamiento del territorio.
Asumir ese derecho es empoderarse para hacer frente a los efectos negativos de la privatización, la mercantilización del territorio, a la depredación ambiental, al consumismo, al aumento de la pobreza, a la inequidad sus nefastas consecuencias para supervivencia del planeta y las especies que en él habitan.
Promover y fortalecer la participación real y efectiva es responsabilidad de todos. El tiempo apremia porque el deterioro del planeta, a causa del aumento de las temperaturas por el calentamiento global avanza aceleradamente, las mayorías deben ocupar el rol protagónico. Es ahora.
(1) Lefebvre, Henri, Derecho a la Ciudad, Barcelona, Ediciones Península, 1978.
(2) Harvey, David, Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana, Akal, 2013.
(3) laciudadviva.org, 2013.
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