Con un impacto que va más allá del daño ecológico, los delitos ambientales han alcanzado la tercera posición entre las actividades ilícitas más lucrativas del mundo. En la actualidad solo son superados por el tráfico de drogas y el contrabando, y están por encima de la trata de personas. Por otra parte, estas acciones ilegales representan la segunda mayor amenaza para la biodiversidad global, ubicándose solo por debajo de la destrucción de hábitats.
Se evidencia entonces que este tipo de delitos es un problema grave y generalizado y no un fenómeno residual ni periférico. Más bien se trata de una economía paralela. Estos delitos, erosionan el Estado de derecho, generan elevados costes sociales y alimentan redes ilícitas transnacionales.
Tan solo en la última década se ha observado un aumento del más del 5% anual en delitos contra el medio ambiente, en particular lo referente al tráfico ilícito de especies silvestres, madera, pescado, residuos y minerales. Además, cuando se trata de la vida silvestre tienen una consecuencia directa. Empujan a numerosas especies al borde de la extinción y agravan la pérdida de biodiversidad.
Lamentablemente, factores como limitaciones legales y de asignación de recursos y la ausencia de datos centralizados dificultan el accionar ante este tipo de delitos.
Delitos ambientales en aumento
En la última década los delitos ambientales han aumentado un 5% anual, creciendo a un ritmo tres veces superior al PIB mundial. Se evidencia su acusado incremento en particular en lo referente al tráfico ilícito de especies silvestres, madera, pescado, residuos y minerales.
Los delitos contra el medio ambiente constituyen la tercera actividad delictiva más lucrativa del mundo solo superados por el tráfico de drogas y de productos falsificados.
Entre las razones de ello resalta que estos delitos permiten obtener beneficios con reducida inversión y entrañan un riesgo relativamente reducido de sanción.
Los delitos contra el medio ambiente repercuten directamente en el cambio climático. Además, ponen en peligro los medios de subsistencia de millones de personas, provocan migraciones forzosas y pueden desencadenar la propagación de virus de animales a humanos, ocasionando enfermedades zoonóticas. El crimen ambiental no es un daño colateral del desarrollo. Es una amenaza estructural para la biodiversidad, la economía y la justicia.
Limitaciones para combatirlos
En muchos casos, las agresiones contra la vida silvestre y el ambiente se perciben como infracciones menores, lo que condiciona la asignación de recursos para su investigación, persecución y enjuiciamiento.
A ello se suma la diversidad normativa y la ausencia de una base de datos centralizada que integre la información disponible sobre delitos ambientales. Por ello, se hace necesario recopilar datos estadísticos precisos y consistentes que permitan comprender la dimensión real del problema y diseñar políticas públicas basadas en evidencia.
Se requiere reforzar la persecución penal por daños ambientales y evitaría la impunidad de los delitos contra especies protegidas. Pero una legislación más estricta no es suficiente. Su aplicación efectiva exige personal adecuado, capacidad técnica, apoyo financiero y datos estadísticos fiables para orientar políticas basadas en la evidencia.
Delincuencia organizada
Tras los delitos ambientales está la delincuencia organizada transnacional que opera donde puede lucrar mediante transacciones ilícitas. Para transportar los productos de estos delitos se utilizan las mismas rutas, por los mismos países y continentes, que para la trata de personas y el tráfico de armas y drogas. Además, se suelen acompañar del uso fraudulento de pasaportes, corrupción, blanqueo de capitales y asesinato. Asimismo, la lucha contra los flujos financieros ilícitos es fundamental para frenar la corrupción que hace posible este comercio.
Los delitos medioambientales comportan escasos riesgos y ofrecen grandes beneficios. A menudo se pasa por alto que las ganancias obtenidas con ellos pueden financiar grupos de delincuencia organizada, así como socavar el bienestar de los ciudadanos. El problema es particularmente agudo en los países en desarrollo, pues los gobiernos muchas veces no tienen medios para controlar la explotación de sus recursos naturales.
El delito ambiental es un fenómeno mundial, con acciones como el tráfico de fauna silvestre y el de madera. La pobreza conjugada con un lucrativo mercado de productos de animales exóticos ha llevado a la caza furtiva en gran escala de fauna silvestre en África y Asia. Además de los daños en ecosistemas naturales, esta situación también incide en el turismo.
Foto: WWF España
Solo la venta de marfil de elefantes, cuernos de rinocerontes, piel y partes del cuerpo de tigres en Asia tuvo un valor estimado de 75 millones de dólares de los Estados Unidos en 2010. Son tres de las más grandes especies amenazadas que se sacrifican para comerciar con sus pieles o huesos. Pero también hay numerosas especies silvestres más pequeñas que se cazan en Asia para incorporar sus partes a los productos de la medicina tradicional, la alimentación y la decoración, o se capturan vivas para el comercio de animales domésticos.
Lucha mundial
Todas las formas de delitos contra el medio ambiente son fruto de la delincuencia organizada y son mundiales, por lo que requieren una respuesta internacional organizada. La única forma de luchar contra ellos es posibilitar la colaboración más allá de las fronteras entre los organismos encargados de la aplicación de la ley.
En este sentido, en 2010 Interpol creó un Programa de Seguridad Medioambiental dedicado a combatir este fenómeno. Esta unidad dirige los esfuerzos de 194 países para luchar contra la delincuencia medioambiental a partir de la información policial disponible y desde una perspectiva integradora.
A través de ella Interpol ha coordinado a escala mundial miles de investigaciones y operaciones. Entre sus logros se mencionan más de un millón de cargamentos de madera ilegal decomisados; el decomiso de más de doscientas mil especies silvestres y marinas protegidas; la detención y decomiso de cientos de buques y vehículos que transportaban especies silvestres protegidas, madera y residuos ilegales, o que se dedicaban a la pesca ilegal y la detección de miles de casos de contaminación marina y de tráfico de residuos.
Asimismo, el Programa ha ayudado a fuerzas policiales del mundo a descubrir conexiones entre delitos medioambientales y una variedad de delitos graves. Entre ellos fraude, corrupción, trata de personas, tráfico de drogas y armas, blanqueo de capitales, asesinato y terrorismo. Esto ha permitido desarticular numerosas redes delictivas transnacionales.
También se han publicado cientos de notificaciones de Interpol sobre prófugos buscados por delitos contra el medio ambiente y se han hecho miles de detenciones. Finalmente, esta labor ha llevado a una mayor concienciación de las administraciones nacionales y de los organismos encargados de la aplicación de la ley sobre los peligros de este tipo de delincuencia.
Acciones multilaterales
Sobre el tema de los delitos ambientales se han firmado numerosos acuerdos internacionales. Entre ellos el más relevante es la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), a la que se han adherido 175 países. De acuerdo a esta Convención, los Estados que no toman medidas para proteger especies amenazadas están sujetos a una creciente presión internacional, que puede culminar en sanciones comerciales.
Asimismo, en la lucha contra el delito ambiental la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) abarca iniciativas locales, regionales y mundiales. Esta Oficina es miembro del Consorcio internacional para combatir los delitos contra la vida silvestre, una alianza entre la Secretaría de la CITES, la INTERPOL, la UNODC, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas. El Consorcio promueve el apoyo coordinado a los organismos encargados de hacer cumplir la ley sobre la fauna silvestre y a las redes regionales y subregionales relacionadas.
En 2012, la UNODC, en alianza con otros miembros del Consorcio, elaboró una Guía analítica sobre los delitos contra la fauna silvestre y los bosques, para ayudar a los gobiernos a determinar los puntos fuertes y débiles de las respuestas de su justicia penal frente a estos delitos. Además, la UNODC colabora con las autoridades regionales y locales para mejorar las leyes y reforzar la cooperación internacional para luchar contra estos delitos.
Por otra parte, organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza también desempeñan una función esencial mediante la sensibilización de los gobiernos para que amplíen la acción contra el delito ambiental y, la colaboración con las autoridades en cuestiones relacionadas con la conservación. Adicionalmente sensibilizan al público local y global y propician el debate sobre estos problemas.
¿Cómo evitar delitos medioambientales?
Los consumidores tienen un papel trascendental para reprimir el comercio de fauna silvestre y madera ilícita. Al estar informado de las especies protegidas pueden ayudar a reducir la demanda. En este sentido, hay que informarse por ejemplo sobre los productos usados en la medicina tradicional, tales como cuernos de rinoceronte o huesos de tigre, y prestar atención al etiquetado cuando se compran maderas exóticas. Los turistas también pueden elegir sus rutas, visitas y destinos con cuidado para apoyar el ecoturismo. Asimismo, deben evitar volver de los viajes con productos de animales o fauna silvestre.
Las personalidades de alto nivel pueden pronunciarse públicamente contra estos delitos. Sus voces pueden ayudar a disipar mitos, denunciar la crueldad de la caza furtiva y destacar las acciones ilegales contra el ambiente, y con ello fomentar el cambio. A menudo, la falta de conocimiento y concienciación lleva al consumo negligente de productos ilícitos de la fauna silvestre. Los gobiernos, las ONG y los particulares pueden ayudar a difundir información acerca de estas cuestiones en la sociedad.
Dado que la pobreza es uno de los principales factores que impulsan el comercio ilícito de fauna silvestre, se debe apoyar en contraposición a las actividades lícitas que generan ingresos para dar alternativas a la población.
Las empresas pueden tomar medidas mediante decisiones de negocios informadas y sostenibles. En el comercio de madera por ejemplo las empresas deben verificar los certificados que aseguran que los productos son de origen lícito. Si se niegan a comprar madera y productos de madera ilícitos, se reducirán los ingresos de los traficantes y también la deforestación.
Con información de UNODC, Interpol y Ecoticias
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