Para el año 2050, 2.500 millones de personas enfrentarían condiciones climáticas extremas advierte un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que busca exponer y abordar las profundas desigualdades sociales y económicas que se han agravado con el cambio climático.
Al respecto, el texto precisa que 239 millones de personas en condiciones de extrema pobreza tienen nulas o escasas posibilidades de superar su precaria situación socioeconómica, en escenarios climáticos cada vez más amenazantes. Entre ellas, corren un riesgo significativamente mayor los grupos de población vulnerables como mujeres, pueblos indígenas, niños y trabajadores irregulares.
El informe ¿Quién asume el coste? Cómo abordar las desigualdades derivadas del cambio climático y la acción climática, presentado por la Unesco y la Fundación La Caixa, propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para lograr una transición justa e inclusiva.
Con base a un conjunto de índices compuestos, se evaluó cómo se verán afectados los distintos sectores y poblaciones en los escenarios climáticos de mediados de siglo. La investigación evidencia la existencia de significativas desigualdades ante la exposición a los riesgos climáticos y a la capacidad de adaptación, sobre todo entre los grupos minoritarios y con bajos ingresos. También presenta una serie de propuestas para abordar la situación entre las que destaca aumentar el financiamiento climático anual a 1,3 billones de dólares de aquí al año 2035, poniendo especial atención al sur global. Además, introduce el nuevo “índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos”, desarrollado con datos del PNUD, la Unesco y el Banco Mundial, el cual evalúa la capacidad de cada nación para hacer frente a las consecuencias del cambio climático.
Menos responsables, más vulnerables
Partiendo de datos procedentes de diferentes lugares, regiones y sectores, el informe muestra que los primeros efectos del cambio climático global afectan de una manera desproporcionada a países y comunidades que apenas han contribuido a la crisis, pero son especialmente vulnerables a sus efectos y a cambios de las condiciones climáticas.
El análisis apunta que el sur global soporta una carga “desigual” ante el cambio climático. Asimismo, señala que el 10 % de los países más ricos son responsables de casi el 50 % de las emisiones globales, mientras que los países más vulnerables, como Chad, Sudán del Sur, Níger, República Centroafricana y Somalia, enfrentan complejas crisis de pobreza, falta de infraestructuras y estrés climático.
Por otra parte, la percepción de que las políticas climáticas son injustas está provocando malestar social y retardando o incluso revirtiendo las medidas, especialmente cuando afectan de manera desproporcionada a los grupos de población de menores recursos.
Movimientos como el de los chalecos amarillos en Francia, las huelgas de agricultores en Alemania, las protestas por las ayudas a los combustibles en Ecuador y Kenia y las manifestaciones registradas en países como la India y los Países Bajos van en aumento.
Crisis climática en cifras
El informe de la Unesco destaca que el sur global soporta una carga desigual ante el cambio climático mostrando cifras relevantes. En este sentido apunta que 3.600 millones de personas viven en zonas muy vulnerables a los efectos del cambio climático. De éstas, 2.500 millones de personas podrían estar expuestas a un calor extremo en 2050, y a la vez 239 millones de ellas deberán enfrentar – en condiciones de extrema pobreza – duras condiciones climáticas como temperaturas superiores a 35 °C durante más de 12 semanas al año.
Por otro lado, determinó que los pueblos indígenas, los niños, los trabajadores irregulares y las mujeres, sufren un riesgo más elevado; destacando que 1.400 millones de féminas se verán directamente afectadas entre 2040 y 2060.
En cuanto a los trabajadores, alerta que 325 millones empleados en sectores manufacturero, minero y energético, incluyendo 108 millones de mujeres y 106 millones de personas mayores de 45 años, están en riesgo a consecuencia de la transición hacia un sistema de producción más limpia.
El documento alerta que se prevé que 238 de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se afrontarán a graves peligros relacionados con el cambio climático en las próximas décadas, aunque por ahora ninguno de ellos está clasificado como en situación de peligro.
Equidad y justicia como centro de la agenda climática
El “índice de vulnerabilidad social a los impactos climáticos físicos”, desarrollado por los autores de la investigación utilizando datos del PNUD, la Unesco y el Banco Mundial, evalúa la capacidad de cada país para hacer frente a los riesgos originados por el cambio climático a partir de cinco dimensiones: salud, riqueza, desigualdad de género, ruralidad y tasa de dependencia de la población mayor.
Según el autor principal del informe, Rodolfo Lacy, “el cambio climático está provocando transformaciones profundas y a menudo imprevistas en las economías y sociedades de todo el mundo”. Al respecto señala que, a pesar de los esfuerzos, el calentamiento global continúa acelerándose e incluso algunas políticas de mitigación están generando sinergias negativas complejas e imprevistas que requieren urgente atención internacional. En este sentido, el informe advierte que si la equidad y la justicia no se sitúan en el centro de las agendas climáticas se corre el grave riesgo de agudizar las desigualdades actuales, socavar la estabilidad global y dificultar el objetivo del desarrollo sostenible en medio de difíciles condiciones climáticas.
Muchas comunidades vulnerables carecen de la infraestructura necesaria para hacer frente a fenómenos meteorológicos extremos y a un cambio climático gradual, y abordar estas vulnerabilidades resulta fundamental para desarrollar resiliencia. Además, aunque pretendían abordar los problemas, muchas políticas han acentuado las desigualdades. Medidas como los impuestos a las emisiones de carbono y las transiciones energéticas trasladan la carga involuntariamente a los más pobres. Por ello, los países con bajas emisiones sufren el máximo impacto climático y asumen los mayores costes de transición, agravados por instrumentos comerciales como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, UE, y un acceso limitado a tecnologías limpias.
Cambio climático y desplazamiento forzado
Al afectar los medios de vida el cambio climático obliga a las personas a migrar a medida que sus entornos de origen se vuelven peligrosos o inhabitables. En su último informe presentado en la conferencia del clima de Bakú, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, estimó que durante la última década casi 60.000 personas fueron forzosamente desplazadas cada día en el mundo por desastres relacionados con el clima.
Al respecto, el informe indica que se estima que hay 80 millones de personas forzosamente desplazadas que viven actualmente en zonas de riesgo climático. Añade que para el año 2050, debido a estas adversas condiciones climáticas, podría haber hasta 1.200 millones de personas en riesgo de desplazamiento forzoso. En este sentido, destaca la importancia de integrar consideraciones éticas y derechos humanos en la agenda climática, y propone que la comunidad internacional reconozca el estatuto y los derechos de las personas desplazadas por efecto del cambio climático, así como que se creen “los marcos institucionales” para garantizar su asistencia. En sus conclusiones, el documento plantea “crear marcos legales y asignar fondos para pérdidas y daños para apoyar la migración climática planificada y emergente”.
Sin embargo, reconocer la existencia de estos migrantes no es tarea fácil, aunque si necesaria para “identificar y supervisar sistemáticamente sus movimientos y garantizar una asistencia oportuna y eficaz”, señala.
Los expertos a cargo del estudio resaltan que las políticas de adaptación frente al cambio climático deben incluir estrategias para reducir el riesgo de desplazamiento, incluyendo la inversión en infraestructura resiliente, agricultura sostenible y preparación ante desastres en regiones vulnerables.
Refugiados climáticos
Como el término “refugiado climático” no es reconocido por el Derecho Internacional, éstos no cuentan con un amparo legal viéndose privados de las protecciones que normalmente sustentarían sus derechos humanos en otro contexto.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 los define como “toda persona que no puede o no quiere regresar a su país de origen debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas”. Las personas desplazadas por condiciones climáticas no encajan en esta definición y no pueden ser acogidos por esta protección de la convención, pues los riesgos ambientales no constituyen persecución.
Este término fue introducido y desarrollado por primera vez por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) en 1985. El investigador Essam El-Hinnawi los definió como “aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hábitat tradicional, temporal o permanentemente, debido a una marcada perturbación ambiental”. Sin embargo, esta definición no distingue el desplazamiento inducido por el cambio climático de otras formas de migración, lo que ha generado críticas. “Esta amplitud de la definición no define claramente qué constituye un efecto del cambio climático. No especifica si la perturbación debe ser repentina o gradual, si el desplazamiento debe producirse debido a condiciones inhabitables o si la migración voluntaria en respuesta al cambio climático se incluye en esta categoría, incluso cuando las personas involucradas no se encuentran en peligro inmediato”, dice el informe.
Igualmente se omiten aspectos cruciales como si el desplazamiento debe producirse dentro o fuera de las fronteras nacionales, lo que dificulta la formulación de una definición jurídica con reconocimiento mundial para esta categoría emergente de poblaciones desplazadas.
Urgentes propuestas
Como se ha explicado, el estudio de la Unesco y la Fundación Caixa propone integrar la equidad, la justicia social y los derechos humanos en las políticas climáticas para garantizar una transición “justa e inclusiva”.
También plantea la necesidad de aumentar el financiamiento climático anual, el ampliar la protección social para grupos de población vulnerables; así como priorizar a la población en situación de vulnerabilidad en todas las estrategias de financiación y adaptación climática.
Otras de las iniciativas planteadas son activar programas de reciclaje a gran escala para los trabajadores de los sectores con altas emisiones de carbono; invertir los ingresos procedentes de los mercados de carbono y de las ecotasas en las comunidades desfavorecidas y acelerar la transferencia de tecnología limpia mediante iniciativas de cooperación globales.
Con información de Fundación Caixa, Ecoticias y La Vanguardia
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